Muy pocas veces Correo del Sur sale del aburrido círculo de las opiniones de rabiosa oposición que nada o poco proponen al país. Felizmente esta vez –dando cabida a una opinión nada habitual, se aborda un tema para el debate: el contrabando.
El escaso tratamiento periodístico de este asunto (no me refiero a la cobertura noticiosa sino a la opinión doctrinaria por este medio) es representativo del pobre desarrollo del Derecho Aduanero Boliviano, fuente de muchas medidas desatinadas tomadas por los gobiernos de turno.
El artículo de Rivas no está desprovisto de fundamento, sin embargo si algún reparo que se le puede oponer, es abordar el tema con sorna, que –de otra parte- creo bien merecida la tienen este gobierno y los anteriores en esta materia.
El contrabando es un fenómeno económico social -antes que exclusivamente legal- desde siempre tratado con mucha superficialidad. El Estado ha intentado las soluciones tradicionales y las más inverosímiles para enfrentar este mal. Se han implementado "n" leyes del contrabando, todas ellas destinadas al fracaso, con variantes como la aplicación de la pena de muerte para empleados públicos implicados en este delito, las participaciones sobre el producto del remate para denunciantes y captores, el incremento de penas privativas de libertad, la administrativización de sus sanciones, tribunales especiales, etc. etc. Y es que los bolivianos tenemos la costumbre de querer arreglar todos nuestros problemas con leyes. Ahora, con la mentalidad “innovadora” que caracteriza a nuestros burócratas, se han instalado cámaras de vigilancia, se discute sobre el uso del polígrafo, se anuncia la vigilancia satelital de nuestras fronteras, en uso de costosos scaners y otras lindezas más. Tal parece que el cuadro está completamente cubierto y el problema subsiste. Tal vez por esto es que nos clasifican entre las repúblicas "aéreas", que erigen su estructura en los aires, desprendida de la tierra y la realidad.
Siendo el contrabando un fenómeno de causas multiconcurrentes, su enfoque no puede menos que ser sistémico o estructural. Lo cual supone encarar el desempleo, la crisis de la policía, el Ministerio Público y el órgano Judicial; una política criminal, una adecuada política arancelaria, la reforma institucional aduanera, los hábitos de consumo de la población, la educación, la corrupción institucionalizada, las prácticas comerciales, las variables económicas como el tipo de cambio, etc., etc., etc.
Pero retomando la fuente nutriente de la temática del contrabando, nuestro gran problema es que no terminamos de entender cuestiones elementales. Por ejemplo: que la relación jurídica aduanera es una RELACION DE DERECHO, no de hecho, en la que las discrecionalidades o arbitrariedades están por demás; que la aduana no tiene como única función recaudar tributos, sino que, además cumple importantes funciones económicas, especialmente cuando deja de cobrar derechos de aduana; que las prohibiciones siempre fueron un incentivo el contrabando; que jamás pudimos aplicar un sistema de reclutamiento de recursos humanos verdaderamente transparente. Pero este lenguaje es chino para los “tecnócratas” de hoy que se explayan en duras reglamentaciones, en prohibiciones que empujan a los bolivianos al delito, en excesos reglamentarios que vulneran normas jurídicas y derechos y mucho más.
Un Estado que dice estar empezando a estructurarse, lo que más debe evitar son las prohibiciones que le restan tributos, criminalizan a la población y corrompen a las instituciones públicas. Ejemplos hay muchos: la última prohibición de importación de vehículos motorizados ha incrementado el contrabando, desarrollado redes delincuenciales de falsificadores, rebajado las recaudaciones por este concepto y hasta ha dado lugar a horrendos crímenes.
Mucho hay para tratar, pero baste por ahora decir que si no se tiene la capacidad para enfrentar con solvencia profesional este problema, mínimamente que el sentido común les aconseje a las autoridades que “más moscas se atrapan con miel que con hiel”. Esto quiere decir que para inducir a la formalidad se deben flexibilizar las normas, los costos, los tiempos; no endurecerlos.
Los burócratas que no saben de política criminal y que tienen la fijación de que la aduana es únicamente una oficia de cobro de gravámenes, tampoco han imaginado jamás que un comerciante formal está destinado a la quiebra, frente a otro que ingresa su mercancía a través de un “pilotero” o contrabandista y que entre dos formales que despachan documentadamente, aquel que lo hace cumpliendo fielmente el pago de tributos aduaneros y las formalidades aduaneras, está en desventaja frente al otro que despacha en una aduana con “valores arreglados”; todo lo cual echa por tierra los malos pronósticos para el contrabando. Lo digo porque una simple revisión de la aplicación de valores referenciales en las distintas aduanas les mostraría a quienes dirigen esta institución, que no hay concepto más arbitrario que apliquen sus empleados que el valor de las mercancías en aduanas.
Quienes no descubren su realidad están condenados a dar de cabeza con ella. El mérito del autor del artículo publicado en Correo del Sur, es el de descubrir facetas incuestionables de ese realidad.¿Es el contrabando un crimen?
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